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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

 

Apreciados Defensores Públicos de Colombia:


En el marco del desarrollo social nacional y de los aportes que la Colegiatura proyecta para la sociedad colombiana como parte de su qué hacer institucional, el COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA  da la buena nueva en relación a que es partícipe en la organización y promoción del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS a realizarse en la ciudad de Bogotá en los días 27 y 28 de octubre, según datos de la convocatoria que se anexa.

Hemos logrado reunir expositores de primera línea del ámbito académico, social y de la actualidad como el Dr. Humberto de La Calle Lombana, jefe del equipo negociador del Estado colombiano en el proceso de paz con las FARC. También estarán presentes conferencistas nacionales y líderes sociales como Gloria Cuartas y Piedad Córdoba, y conferencistas internacionales de la UNAM de México, de la American University, de la Universidad de Jaén, España, etc., etc.  Enviaremos esta semana la agenda con menciones puntuales de los miembros del panel y los momentos de su participación.

En el equipo organizador está la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, INPAZ, EQUITAS y por supuesto, el COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA, el cual se ha integrado a este esfuerzo para trabajar sobre las problemáticas que vendrán en el pos conflicto con las FARC, como parte de este Congreso.

congreso-internacional-de-derechos-humanos-defensores-publicos

Haz clic aquí para ver la información completa


El ingreso es gratuito. Las memorias se compartirán con todos.

Informes: maestriacpyf@fuac.edu.co – 3343696 Ext.305

Facebook/DidimaRicoChavarro

Para los Defensores Públicos:

Mauricio Pereira Garzón / Paola Pastrán

comunicaciones@defensorespúblicos.com - 2832026 / 2832510


Fraternal abrazo para todos,


Gerardo Duque Gómez

Presidente Nacional

COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA 

RESPALDO SOLIDARIDAD BIENESTAR SOCIAL

AV. CALLE 19 Nº 4 - 88 OFICINA 1002

TEL: 2832026 2832510

www.defensorespublicos.com 

BOGOTÁ, D. C. 

 
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Presidente del COLEGIO NACIONAL aboga por el fortalecimiento de la Defensa Pública en el periódico Ámbito jurídico


Apreciados Defensores Públicos de Colombia:

El Dr. Gerado Duque Gómez, en nombre de la Familia Defensorial y como presidente del COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA, interviene en el destacado periódico Ámbito Jurídico haciendo planteamientos de hondo relieve para el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Anexamos el texto luego de la firma y en el siguiente link se puede ver el contexto de la entrevista hecha al Dr. Duque:

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/hay-que-darle-mas-protagonismo-a-la-defensa-publica-en-colombia.asp

Reciba la Familia Defensorial respetuoso y afectuoso saludo,


COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA

RESPALDO SOLIDARIDAD BIENESTAR SOCIAL

www.defensorespublicos.com

 

 

“Hay que darle más protagonismo a la defensa pública en Colombia”

defensa-publica-en-colombia-gerardo-duque

 

A pesar de que uno de los pilares del sistema penal acusatorio (SPA) es la denominada “igualdad de armas”, existen serios obstáculos que deben sortear los defensores públicos para estar al mismo nivel de la fiscalía.

El abogado Gerardo Duque Gómez ha buscado, desde su experiencia como defensor, mejorar las condiciones laborales que hoy tienen sus colegas para el ejercicio de sus funciones.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Es necesario reformar las leyes 24 de 1992 y 941 del 2005, que regularon el trabajo y la remuneración de los defensores públicos?

Gerardo Duque Gómez: Se está exigiendo una remuneración por honorarios dignos, con aplicación del criterio de igualdad respecto de jueces y fiscales, y con fundamento en la proporcionalidad y la equidad. Un juez de circuito o fiscal seccional hoy devenga, aproximadamente, ocho millones pesos mensuales, sin tener en cuenta las prestaciones sociales. En cambio, un defensor público gana cuatro millones, por concepto de honorarios, no cuenta con prestaciones sociales ni vacaciones y tiene que pagar de su propio peculio la seguridad social, retención en la fuente, transporte, papelería y, en ocasiones, subsidiar a los detenidos, entre otros gastos.

Á. J.: Pero, por ser contratistas, los defensores pueden laborar en otras actividades. ¿Esto es posible?

G. D. G.: Lo que resulta inconcebible, desde el punto de vista de la naturaleza del contrato de prestación de servicios, es que la carga de trabajo sea tan alta, que el defensor público se convierta en un empleado de tiempo completo. Así, se está configurando un contrato realidad, disfrazado con una modalidad de contratación irregular que no se debería presentar en nuestro Estado de derecho. La Corte Constitucional se ha referido ampliamente sobre la tercerización en la administración pública, en sentencias como la C-614 del 2009, en la que señaló: “… la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución...”.

Á. J.: Desde hace años, ustedes han pedido mejoras económicas y aumentar la planta de defensores. ¿Han recibido respuestas positivas por parte del Ejecutivo?

G. D. G.: Sí, en los últimos años, se ha incrementado el número de defensores públicos: están operando, aproximadamente, 4.200 en todo el país. Sin embargo, es necesario aumentar aún más, para tener una cobertura nacional, además de una remuneración digna que permita el equilibrio entre los demás operadores de justicia.

Á. J.: ¿Existe la “igualdad de armas” en el SPA?

G. D. G.: No, en el SPA no existe igualdad de armas. Mientras la fiscalía cuenta con una estructura mayor, con el apoyo de investigadores (CTI), de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los defensores públicos no tienen esa posibilidad, lo que limita una defensa técnica efectiva, que afecta directamente al ciudadano de a pie.

Á. J.: En materia de presupuesto, ¿es la defensoría pública la “cenicienta” de todos los actores que intervienen en el SPA?

G. D. G.: Sí, al tiempo que los otros operadores de justicia, como la fiscalía y los jueces, pertenecen a la Rama Judicial y son vinculados como funcionarios de planta con todas las garantías salariales y prestacionales, los defensores públicos tienen contrato de prestación de servicios, sin las garantías de estabilidad laboral, lo que genera desigualdad. Adicionalmente, los jueces y fiscales aplazan las audiencias con facilidad, mientras que los defensores públicos son subordinados en el SPA, teniendo que justificar su inasistencia a las audiencias, con el agravante de que les compulsan copias para ser investigados.

Á. J.: ¿Hay que reformar el papel del Ministerio Público en el SPA y fortalecer, en cambio, la defensoría pública?

G. D. G.: Considero que se le debe dar más protagonismo a la defensa pública en Colombia. Sin la presencia de un defensor, no hay justicia. Hay que fortalecer su papel, con un presupuesto robusto que permita una defensa técnica efectiva que garantice el desarrollo de un proceso en igualdad de condiciones y que se le dé un trato digno en el SPA, cuando ejerce su rol constitucional del derecho a ejercer una defensa técnica efectiva en beneficio de su cliente o la persona privada de la libertad.

Á. J.: ¿Y qué necesidades tienen los defensores públicos en materias no penales, como laboral, civil y de familia?

G. D. G.: Los defensores públicos en general requieren la independencia y autonomía como institución. En otros países, la defensa pública es independiente de la Defensoría del Pueblo. Eso permitiría tener instalaciones adecuadas, oficinas en las cárceles dotadas logísticamente, contar con unidades de investigación y laboratorios forenses, con el fin de garantizar a la ciudadanía una defensa muy profesional que beneficie a la comunidad menos favorecida, que pide una justicia real y efectiva.

 
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Maltrato laboral en la Defensoría del Pueblo


por JUAN DIEGO RESTREPO E. (*)

En la agencia estatal que tutela los derechos de los ciudadanos el clima de trabajo se ha deteriorado. El autoritarismo y la veleidad mediática opacan la labor misional.

defensoria-del-pueblo-articulo-de-interes-defensores-publicosJuan Diego Restrepo.

A los gritos, repartiendo insultos con palabras soeces a diestra y siniestra, sin miramientos de quién recibe sus groserías y apabullando a sus subalternos. Así se comporta el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el funcionario de más alto rango en el Estado que debe promover, proteger y defender los derechos humanos de todos los colombianos.

Entre los profesionales de diversas disciplinas que allí laboran, muchos de ellos de altas calidades académicas, que han puesto su conocimiento y voluntad de servicio social a la misión de la Defensoría del Pueblo, hay una creciente indignación por el trato que les da Otálora y por la manera como su autoritarismo y veleidad mediática afecta la labor de esta agencia del Ministerio Público.

El tema podría quedarse en el ámbito interno, pero una vez escuché a varios funcionarios y leí algunos documentos, consideré que era importante escribir sobre ello, pues se trata de la agencia estatal que vela por los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es inadmisible que se vulnere la honra de sus servidores, se irrespeten sus funciones, muchas de ellas de alto riesgo en terreno, y se opaquen los procesos con las comunidades, sobre todo con las más pobres y vulnerables.

Las alertas están prendidas desde hace varios meses y pocos se atreven a hacer públicas sus inquietudes porque le temen a las retaliaciones. A quienes consulté coincidieron en resaltar el deterioro del clima laboral en la entidad, resultado de un régimen autoritario que comenzó el 1 de septiembre de 2012, cuando llegó Otálora al cargo por designación del Congreso de la República. Su autoritarismo impide el diálogo constructivo y el debate abierto no solo sobre lo que ocurre, sino sobre la magistratura moral que debe cumplir la Defensoría en un país donde la violación de derechos fundamentales sigue siendo pan da cada día.

Uno de los hechos más sonados internamente fue la renuncia de Juan Manuel Osorio, Defensor Delegado para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado, presentada el pasado 11 de agosto. En una primera carta de dimisión al cargo, que no le fue aceptada y tuvo cambiar el tono, según me aclararon mis fuentes, escribió: “Es inconcebible que sea el dignatario con semejantes responsabilidades quien maltrate, como usted lo hace, en público y privado, de manera frecuente y reiterada, a los directivos y colaboradores de la institución”. Al parecer, no ha sido la primera renuncia por tales motivos. (Ver carta)

En su estructura, la Defensoría del Pueblo tiene cuatro direcciones nacionales y once defensorías delegadas, así como su dependencia administrativa, cuyos responsables conforman el cuerpo directivo de la entidad, son el círculo más inmediato de Otálora y quienes tienen que soportar los constantes agravios, tal como lo reseñó Osorio en su primera versión de la renuncia.

El modelo autoritario que impuso Otálora va más allá de los insultos y ha contaminado a sus subalternos más inmediatos, quienes, como bola de nieve, no dudan en actuar siguiendo el carácter de su jefe. Por ello se han afectado derechos fundamentales como el de las mujeres cabeza de familia, permisos de algunos funcionarios para estudiar y dar cátedra en centros de educación superior, y la asociación sindical, por destacar algunos.

Lo paradójico es que quienes buscan hablar de esos temas internamente para buscarles solución han recibido algún tipo de presión para obstruir su objetivo de debatir la situación. Una manera ha sido parar vinculaciones de planta de profesionales que han trabajado cuando menos cinco años como contratistas. Su pecado fue ser cercanos a círculos internos críticos de la actual administración de la Defensoría del Pueblo.

La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (ASEMDEP) también ha padecido la arbitrariedad de Otálora. Esta organización surgió en marzo de 2013 y su constitución fue demandada por la misma Defensoría, que pretendió en los estrados judiciales que se disolviera, liquidara y se cancelara la inscripción en el registro sindical. El proceso final favoreció a ASEMDEP, según consta en la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 26 de marzo de 2014.

Hay quienes celebran la reestructuración que lideró Otálora, apalancada en el Decreto 1025 de 2014, que llevó a la entidad a incrementar su planta de personal, que pasó de unos 600 funcionarios a por lo menos 4 mil. Quienes conocen el entramado interno me explicaron que hay que mirar con detenimiento el tema porque lo construido es más un fortín del Partido Liberal, cuyo respaldo a Otálora es total. ¿Y dónde hay que poner la lupa? Primero, en los honorarios. Bajo la administración de Otálora se asignaron sueldos de 18 millones de pesos para los directivos, con viáticos de 800 mil pesos diarios para quienes viajen a terreno.

También hay que observar detenidamente la falta de experiencia de algunos de los que llegaron a esos altos cargos y a parecer su notable falta de formación en derechos humanos, como resultado de la burocratización de la entidad, desdibujan la misión de la Defensoría; además, su trabajo a distancia, desde las oficinas en Bogotá, ocasionan que procesos que se adelantaban con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se estén afectando.

Un tercer detalle para mirar con detenimiento es el comportamiento mediático de Otálora, a quien le gusta figurar en prensa. “El Defensor tiene un enfoque centrado en el protagonismo” de sí mismo, me cuenta un funcionario de la entidad. Esa obsesión mediática tiene dos consecuencias; de un lado, afecta la labor misional porque en razón de querer salir todo el tiempo en los medios pone a los funcionarios a atender la coyuntura, desatendiendo tareas estructurales como la emisión de informes de riesgo, por ejemplo.

De otro lado, impacta la calidad de la información, pues muchos informes se tienen que hacer con urgencia y en muchos casos no se tienen procesados los datos o si se tienen no hay tiempo de procesarlos y no se incluyen. Es un ritmo obsesivo que también desdibuja la misión de la entidad, pues en el afán de mostrarse, se modifican conceptos técnicos en relación con la guerra para presentarla como mejor se venda ante los medios.

Y un cuarto detalle es la falta de acciones contundentes como organismo de control contra agentes del Estado vulneradores de derechos humanos. No quiere incomodar a nadie en el poder es uno de los cuestionamientos que le hacen. Incluso, hay quienes me dicen que se han bloqueado misiones a comunidades en riesgo por instancias de poder que tienen injerencia en el despacho del Defensor.

Con quienes hablé no dudan en advertir que este ejercicio de poder autoritario, politiquero y mediático que padecen en la Defensoría del Pueblo va en contravía del espíritu de la Constitución de 1991, que creó esta agencia con el ánimo de que la ciudadanía tuviera un respaldo estatal neutral y al margen de todo compromiso particular. Sería importante que Otálora aclarara tanto cuestionamiento, pues aún le faltan 348 días para acabar su mandato y sería torpe hacerlo bajo un clima laboral tan enrarecido.


En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista y docente universitario

 
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Cordial reunión DEFENSORÍA DEL PUEBLO - COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES

 

PÚBLICOS DE COLOMBIA


Muy apreciados compañeros en todo el país:


El jueves pasado en la tarde la Junta Directiva del COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA sostuvo un cordial encuentro con directivas nacionales de la Defensoría del Pueblo en cuyo eje central y de diálogo estuvo el fortalecimiento de las buenas relaciones entre nuestra entidad gremial y esa Institución.

Para la Junta Directiva y para nuestra Gran Familia Defensorial esta gestión es de primerísima importancia porque de este encuentro se derivan numerosas situaciones positivas que le van a dar, entre otras cosas, tranquilidad laboral, a todas y todos nuestros compañeros, así como mayor acceso a informaciones de mucha utilidad que todos debemos conocer en su debido momento.

Efectivamente, ambas Instituciones han decidido dar el paso de crear un nuevo espacio y tiempo en nuestra interlocución a corto, mediano y largo plazo en el que la administración de la Defensoría del Pueblo ha manifestado a nuestra delegación algunas novedades para las próximas semanas lo cual pasamos a comentar y explicar al país Defensorial.

En primer lugar, la Defensoría del Pueblo nos ha informado que es cierto que hubo un momento de zozobra presupuestal en el cual el Ministerio de Hacienda le indicó a la entidad que era necesario recortar el número de contratos Defensoriales, pero, óigase bien, eso ha sido subsanado y los Defensores Públicos de Colombia pueden estar tranquilos porque la contratación será un tránsito armónico sin sobresaltos. 

Repetimos: ningún Defensor Público tendrá problemas en su contratación. Por supuesto, se resaltó que habrá algunas pocas excepciones en los casos en que haya problemas contractuales insalvables, pero eso es previsible y comprensible. Sobre esto es importante anotar que el COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA abogará porque todos los contratos sean renovados en virtud de las relaciones cordiales con la Defensoría del Pueblo en la medida en que las situaciones se puedan aclarar y resolver en bien del cumplimiento contractual individual.

También, de la mano trabajaremos en incrementar e intensificar, con base en la cooperación inter institucional, las actividades de tipo académico. Todos saben que nuestro gremio ha sido y será garante del apoyo a los Defensores Públicos en materia de capacitaciones desde hace muchos años, por lo que aunando esfuerzos se puede prever un incremento del alcance de ambas entidades en el desarrollo de proyectos puntuales conjuntos para llevar a todos seminarios, foros, talleres, cursos y demás en el área de la actualización académica para el nivel nacional.

De otro lado, trabajaremos constantemente en ampliar la confianza mutua para poder presentar en su momento inquietudes y proyectos a la Defensoría del Pueblo desde diferentes ángulos de la gestión Defensorial con el objeto de mejorar las condiciones en las cuales se presta el servicio. Así queda evidenciado y manifestado en este diálogo de las directivas de ambas instituciones. 

Nuestro gremio en virtud del excelente clima de comprensión y mutuo reconocimiento existente saluda pública y respetuosamente a las autoridades nacionales, regionales y locales de la Defensoría del Pueblo y declara su intención indeclinable de persistir y ampliar los esfuerzos para colaborar de forma muy activa y propositiva con la misión de nuestra Institución contratante y en especial, por el crecimiento y cualificación del Sistema Nacional de Defensoría Pública por el que siempre hemos trabajado desde diferentes actividades. 

Las directivas de la Defensoría del Pueblo podrán confiar plenamente en nuestro apoyo y en que nuestra voluntad es clara y férrea en el sentido de que nuestros aportes serán dirigidos a producir nuevos desarrollos en nuestros escenarios Defensoriales y dar lustre a su gestión desde nuestros recursos y actividades gremiales con las mejores intenciones y acciones para que la misión social conjunta siga reportando resultados concretos en bien de cada Defensor Público, de sus familias y de un entorno laboral Defensorial muy sano y productivo en paz y armonía.

Saludo fraterno para todas y todos los compañeros,


Junta Directiva Nacional

COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA 

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SURAMERICANA DE SEGUROS Y EL COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA


Alianza estratégica para una nueva etapa de las relaciones gremiales 

En el cual todos los defensores públicos que estén afiliados al COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA podrán acceder y obtener una Póliza de Seguros de vida colectivo con excelentes coberturas y valores asegurados, sin pagar un valor adicional a los aportes tradicionales mensuales, sólo con el hecho de estar afiliado al Colegio.

El COLEGIO REGIONAL en cada sección del país en sus instancias directivas tendrá la potestad de acceder o participar en este convenio el cual no es contrato ni es una obligación para nadie. Si el Colegio regional en su digna soberanía desea participar de este acuerdo, bienvenido, en caso contrario, es su decisión libre de no tomar la póliza para cada Defensor.

En cada caso, el COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA respeta esta decisión.

VALORES ASEGURADOS PARA DEFENSOR

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AMPARO DE VIDA: Fallecimiento por cualquier causa, se entregará a los beneficiarios el valor asegurado.

INVALIDEZ POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD: Si durante la vigencia del amparo, el Asegurado se invalida, tendrá derecho a reclamar el valor asegurado que tuviere.  Para efectos de este amparo, la invalidez será la pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%.

ENFERMEDADES GRAVES:  Cuando al Asegurado le sea diagnosticada mèdicamente por primera vez, durante la vigencia del presente amparo, cualquiera de las siguientes enfermedades: cáncer, leucemia, infarto del miocardio, cirugía arteriocoronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, esclerosis múltiple, trasplante de órganos vitales, quemaduras graves, estado de coma, anemia plástica, traumatismo mayor de cabeza, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Suramericana pagara una suma equivalente al porcentaje señalado.

MUERTE ACCIDENTAL: Fallecimiento del asegurado como consecuencia de lesiones sufridas por un accidente.

GASTOS FUNERARIOS: En caso de presentarse la muerte de un asegurado, Suramericana entregara a los Beneficiarios el valor asegurado. 

Por lo anterior, en caso de Fallecimiento  de un defensor por cualquier causa, se entregara a los Beneficiarios:

$50.000.000 Seguros Sura – Amparo de Vida

$4.000.000 Seguros Sura – Auxilio Funerario

$80.000.000 Fondo Mutuo

Para un total de $134.000.000.

Si el Fallecimiento fuese por un accidente:

$50.000.000 Seguros Sura – Amparo de Vida

$50.000.000 Seguros Sura – Amparo de Muerte Accidental

$4.000.000 Seguros Sura – Auxilio Funerario

$80.000.000 Fondo Mutuo

Para un total de $184.000.000.

Cualquier aclaración e inquietud, con mucho gusto atentos.

Cordial saludo para todos,

 

Gerardo Duque Gómez

Presidente Nacional

COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS DE COLOMBIA 

RESPALDO SOLIDARIDAD BIENESTAR SOCIAL

 
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